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Fue necesario que la Justicia Letrada convocara a la Intendencia de Colonia para que ésta entregara documentación sobre los resultados de la investigación administrativa y la auditoría en el Municipio de Florencio Sánchez, tras los hechos de corrupción que se dieron en esa dependencia en el año 2021 y terminaron con el ex alcalde Alfredo Sánchez y otros integrantes del gobierno local en la cárcel. Hasta esta instancia la Intendencia se había negado a proporcionar esa información.

El miércoles pasado, la Juez Letrada de la ciudad de Colonia, Dra. Alicia Olivero, convocó a audiencia ante el petitorio presentado por Periódico Centenario, para acceder a información sobre los resultados de la investigación administrativa y auditoría ordenada por el Intendente Carlos Moreira tras los casos de corrupción en el Municipio de Florencio Sánchez. El planteo procuraba conocer en cuánto se había afectado el erario público tras esos hechos.

Antecedentes

El 18 de abril del año pasado, Centenario presentó ante la Intendencia de Colonia una solicitud de acceso a la información. En el pedido se expresaba que “el 28 de setiembre del año 2021, la Justicia Letrada de la ciudad de Rosario (Colonia) condenó al ahora ex Alcalde de la ciudad de Florencio Sánchez, Alfredo Sánchez, a tres años de prisión, dos efectiva y uno con libertad vigilada, por delitos contra la administración pública, entre ellos fraude, conjunción, encubrimiento y falsificación ideológica. El señor Intendente del departamento, Dr. Carlos Moreira, anunció a través de los medios de comunicación “una inmediata investigación administrativa y auditoría a fondo” para determinar las circunstancias que rodearon estos hechos y establecer de qué manera se afectó el erario público”.

En base a ello se solicitó a la Intendencia de Colonia copia de los resultados que arrojaron ambos informes y en cuánto se afectó el erario público de Florencio Sánchez y el departamento de Colonia por los casos de corrupción. Además se pidió al gobierno departamental, determinara qué medidas tomó, o tomará la Intendencia para recuperar los bienes afectados y si se inició alguna demanda civil al respecto.

El planteo ingresó formalmente al gobierno departamental el día 25 de abril del 2024, pero la Intendencia nunca contestó. Esa falta de respuesta, motivó que la situación se denunciara ante la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), un órgano desconcentrado de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), que tiene entre sus cometidos, controlar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública (Nº 18.381) y coordinar con todos los sujetos obligados (entre ellos las intendencias) las políticas tendientes a facilitar el acceso informativo y la transparencia.

La UAIP tras analizar la denuncia, trasladó a la Intendencia de Colonia el planteo, pero la consulta tampoco fue evacuada por el gobierno departamental.

Tras estas negativas, Centenario logró el respaldo del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), mediante una asesoría legal para encausar el pedido.

La audiencia

El miércoles 9 del corriente, se concretó la audiencia convocada por la jueza Alicia Olivero. Allí la Intendencia, a través del abogado Edgardo Nieves, entregó una voluminosa carpeta, en la cual, según expresó, estarían las respuestas a las preguntas planteadas por el Periódico, que estuvo asesorado por el abogado Iván Luzardo.

En el escrito presentado por Nieves se da cuenta que “la afectación al erario público no se ha podido aún evaluar”, ya que la Intendencia “no ha tenido acceso a la carpeta investigativa del caso” y porque el gobierno departamental “enfrenta una serie de procesos civiles iniciados por monotributistas”, cuyas boletas fueron utilizadas por Sánchez para justificar gastos del municipio, “aduciendo la existencia de una relación laboral, lo cual es controvertido por nosotros”.

“Por estas razones es imposible avaluar económicamente el impacto que pueda tener en el erario público la actuación del ex alcalde Sánchez y tampoco es posible aun iniciar acciones civiles de reintegro”, señala el informe de la Intendencia.

En cuanto a la consulta sobre qué disposiciones administrativas se adoptaron tras este caso para mejorar los controles en los municipios del departamento, el escrito señala de la “Dirección de Auditoría surgen una serie de recomendaciones que se vienen implementando paulatinamente a efectos de evitar este tipo de situaciones en los gobiernos municipales”, pero no se da cuenta de cuáles son las recomendaciones.

El documento aportado por la Intendencia, consta de unas 300 páginas, de las cuales más de la mitad son copia del libro de actas del Municipio de Florencio Sánchez, de julio del 2015 a agosto del 2021.

Las partes fueron convocadas para una nueva audiencia, el 29 de abril próximo, donde la parte denunciante deberá expresar si está conforme con la respuesta dada por la Intendencia o si solicitará a la Justicia se aporten elementos que se considere no fueron respondidos.