Restricciones al acceso a la información del Estado es la principal limitante a la libertad de expresión en Uruguay

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Las restricciones al acceso a la información en poder del Estado, es la principal limitante a la libertad de expresión en Uruguay, concluye el noveno informe de monitoreo de libertad de expresión en el ejercicio del periodismo en el país, realizado el último año por el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (Cainfo), al cual accedió Centenario.

El informe , que va del 1° de abril de 2022 al 31 de marzo de 2023, detalla 24 casos en los cuales los periodistas no pudieron acceder a la información solicitada a diferentes áreas del Estado, lo cual pone de manifiesto una vez más la fragilidad del cumplimiento de las normas que buscan la transparencia del accionar de las diferentes esferas del gobierno.

La respuesta negativa a los pedidos de acceso a la información, o muchas veces el silencio absoluto, se han convertido en una práctica habitual para varios organismos del Estado, con el consiguiente deterioro de la calidad de la información que llega a la población y el aumento de la opacidad en la actividad de los funcionarios públicos.

El discurso estigmatizante es el segundo indicador en importancia, y aumenta el número respecto al informe anterior (de 14 a 19), consolidando una tendencia que busca desacreditar y desprestigiar a medios y periodistas que difunden coberturas u opiniones que resultan molestas o irritantes a figuras públicas, especialmente vinculadas al gobierno.

Si bien se produjo una disminución significativa en el número de Procesos Civiles y Penales, pasando de 19 a 12, todavía sigue siendo relevante la cantidad de personas públicas, funcionarios del Estado o particulares que recurren a este intento de amedrentar periodistas como forma de evitar que se difundan noticias que los involucran.

En cuanto a la distribución territorial de los casos, la inmensa mayoría (59) tuvo su origen en Montevideo, mientras que dos transcurrieron en Colonia, dos en Cerro Largo y uno en Maldonado, Durazno y Tacuarembó respectivamente.

En lo que tiene que ver a los responsables de las restricciones y agresiones, el Estado fue el principal origen de los episodios con un total de 51 casos, hubo 11 episodios que tuvieron un origen No estatal y hubo cuatro en los que se desconoce el o los responsables.

En materia de división por el sexo de las víctimas, 22 de ellas fueron varones, ocho fueron mujeres y en 36 ocasiones se trató de grupos de periodistas, medios de comunicación o medidas que afectan masivamente como el Marco normativo contrario a estándares internacionales.

Casos por indicador

Restricciones de acceso                               24

Discurso estigmatizante                              19

Proceso civiles y penales                             11

Agresiones y ataques                                   6

Restricciones a internet                               3

Marco jurídico                                                2

Abuso de poder estatal                                 1