La Junta Departamental de Colonia aprobó la semana pasada un proyecto que establece la aplicación de multas por parte de la Intendencia de Colonia a aquellos comercios y particulares que no cumplan con las medidas y los protocolos dispuestos para prevenir la aparición y la propagación del coronavirus. La iniciativa fue aprobada con votos de ediles del Partido Nacional y Colorados. Los representantes del Frente Amplio se retiraron de sala.
La propuesta enviada por el Ejecutivo Departamental establecía la aplicación de multas de hasta 70 unidades reajustables (UR); sin embargo, con votos de las bancadas de los partidos Nacional y Colorado se aprobó un proyecto que prácticamente triplica el monto: lo lleva a 209 UR, unos 280.000 pesos.
Varios sectores del Frente Amplio estaban dispuestos a apoyar la iniciativa, pero se retiraron de sala al momento de la votación porque algunos puntos que habían propuesto no fueron incorporados a la redacción definitiva.
Según informó el director de Higiene de la Intendencia de Colonia, Luis Garat, en los últimos días fueron clausurados cinco comercios por no cumplir con los horarios de cierre ni con los aforos establecidos. “Las clausuras fueron por 72 horas y en caso de que se reiteren serán por un período más largo”, dijo.
Blancos no acompañaron propuestas del FA
El decreto aprobado por la Junta Departamental de Colonia, “otorga discrecionalidad” al Ejecutivo a la hora de aplicarlo, dijo a Centenario el Coordinador de la Bancada del Frente Amplio, Ariel Beltrán.
“Es un único artículo que genera una discrecionalidad, porque es muy escueto. A nuestro parecer la multa tiene que tener un carácter progresivo, sobre todo parar el pequeño comercio”, comentó el representante departamental de izquierda, coincidiendo sí que ese aspecto no debe correr con las fiestas clandestinas.
El FA planteaba antes de aplicarse la multa que el comerciante que inflija las normas, sea observado y luego se sancione progresivamente, atendiendo de esa manera la realidad que están pasando las pequeñas empresas. Pero “eso no fue llevado por el Partido Nacional”.
“Hay comercios que han cerrado y otros hacen malabares para sobrevivir. Hay sectores del comercio muy golpeado y nosotros queríamos garantizar no agravar esa situación. La carnicería del barrio, no sabe si puede tener uno, dos, o cinco personas dentro del comercio, porque no hay disposiciones claras al respecto, hay que tener definiciones en ese sentido, porque si te aplican una multa de $ 200.000 liquidan al comercio”, dijo Beltrán.
“Es un decreto que se presenta en el peor escenario, tarde y no es preciso, estábamos solicitando unos días más para trabajarlo y ajustarlo, no fue tenido en cuenta”, explicó, situación por la cual los ediles frenteamplistas se retiraron de sala a la hora de votarse la norma.
Mientras tanto el Coordinador de la bancada blanca, Félix Osinaga, dijo al Periódico que la disposición aprobada por la Junta tiene referencia directa “con la celebración de fiestas clandestinas. Este decreto fue incentivado por eso, ya que no hay reglamentación que avale una actuación de represión para ese tipo de fiesta por parte de la Intendencia”.
Osinaga dijo que la “Comisión de Legislación estimó que el artículo tenía que tener un carácter disuasorio. No puede ser que haya gente que esté obviando las medidas que el Estado ha establecido para controlar la pandemia. La Intendencia planteó cobrar hasta 70 UR, pero se acordó un máximo de hasta 209 UR, que es lo que se podía votar con los votos que estaban en sala porque se había retirado el Frente Amplio”.
