Cierran investigadora por robo en Museo Berro sin señalar si hubo responsabilidad de la IMS

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Los veinte ediles del Partido Nacional y los tres del Colorado, conformaron la mayoría de 23 representantes que el lunes por la noche decidieron cerrar las actuaciones de la comisión investigadora creada en el ámbito de la Junta Departamental de Soriano, para saber las causas que motivaron las faltantes de piezas fósiles desde el Museo Paleontológico Alejandro Berro de la ciudad de Mercedes.

La explicación para llegar a esa postura fue que la Justicia logró aclarar el robo, habiendo formalizado a tres personas por el hecho, mientras el Ejecutivo Departamental lleva adelante una investigación administrativa.

Así lo establece el informe en mayoría, que fue refrendado en el Plenario, siendo firmado por los ediles Damián De Oliveira, Raúl Morossini, Marcelo Arballo e Israel Acuña del Partido Nacional y el edil Enriko Gásperi del Partido Colorado.

“Decrétese que la faltante de piezas fósiles del Museo Paleontológico Alejandro Berro fue aclarado por la Justicia competente, formalizándose en la investigación a tres personas, por tanto se cierran estas actuaciones”, señala el decreto finalmente aprobado por mayoría blanca y colorada.

Interrogantes sin aclarar

El informe en minoría, que finalmente no fue rechazado por el Plenario de la Junta, estaba firmado por las edilas del Frente Amplio, Gissel Bonjour y Daniela Saravia. El mismo discrepaba con la postura blanquicolorada en el tema, en el entendido de que la comisión investigadora no estableció responsabilidades de la administración departamental en el tema.  

La edilas del FA recordaron que el fin de la Comisión Investigadora, era “establecer las debilidades y las fallas de los mecanismos que aseguran la mejor custodia de los valores culturales”, además de “las responsabilidades dentro del ámbito de las estructuras funcionales”.

En ese marco, recuerdan que “la Comisión Investigadora aún no ha podido responder a los cometidos antes mencionados para el esclarecimiento de los hechos en sede de la administración departamental y que el plazo para sus funciones aún sigue vigente”.

Precisan además en su informe que “el Ejecutivo Departamental ha reconocido fallas administrativas, motivo por el cual mantiene una investigación en curso, pero que nuestra función Constitucional como Junta Departamental es de contralor del Ejecutivo”.

Bonjour y Saravia se refieren a la demora que tuvo la Intendencia en hacer la denuncia (dos meses después del robo), subrayando que “el artículo 29 del Estatuto del funcionario público establece el deber de realizar denuncia una vez constatada una “apariencia ilícita” y el artículo 177 del Código penal estipula como “falta grave” la omisión o demora de denuncia”.

Además de eso “a juicio de la Comisión se mantienen varias interrogantes con respecto al procedimiento realizado para la recuperación de piezas, lo que es imprescindible su esclarecimiento. Por todo lo expuesto aconsejaban la “continuación con las actuaciones de la Comisión Investigadora para cumplir con los objetivos planteados en la pre-investigadora”, cosa que finalmente no prosperó.